Desde los años ochenta, la ley 23733 rige la educación universitaria nacional. A pesar de haberse dado leyes que abordaban temas específicos, sobre todo entre los años 2005 y 2006, ésta sigue vigente. No obstante, mucho ha cambiado en los últimos 30 años y las dinámicas de la educación superior no son las mismas, por lo que la necesidad de realizar cambios que adecuen la legislación a la situación actual es innegable. Sin embargo, la interrogante que se ha apoderado de las conversaciones de los involucrados en el sector es cuánto debería cambiar esta normativa.
La nueva ley universitaria está aún en la etapa inicial de su construcción. Las próximas semanas, e incluso meses, las propuestas y los cuestionamientos sobre qué incluir, qué omitir y los efectos de estas medidas sobre el sistema actual seguirán ocupando la agenda nacional. Estas próximas discusiones tendrán como protagonistas a las universidades y tres jugadores, cuyos roles e incluso permanencia en el sistema de educación superior podrían variar significativamente:
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) es, de acuerdo con su propia definición, el ente rector de estudio, coordinación y orientación de las actividades universitarias del país. No obstante, cabe mencionar que, tal como su nombre lo indica, está integrado por los mismos rectores de las universidades públicas y privadas. Sería sorprendente que apelen en contra de los intereses de sus representados.
El Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (Conafu) es desde el año 1995 el ente que autoriza el ingreso y funcionamiento de una universidad. Es un ente autónomo de la ANR.
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) tiene desde el año 2007 como fin garantizar la calidad educativa. Ello través del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau); sin embargo las acreditaciones son facultativas y como resultado de débiles incentivos, son pocos los que se someten a ellas.
La creación de un nuevo ente independiente regulador y fiscalizador de las universidades en el país es uno de los temas más controversiales dentro de las propuestas de la reforma universitaria. La figura de este nuevo ente responde a la necesidad de estandarizar la calidad en el nivel educativo universitario. Sin embargo, es aquí donde el límite entre la regulación y la autonomía de las universidades, sobretodo privadas, se enfrenta.
Con el Decreto Legislativo Nº 882 (1996), Ley de Promoción a la Inversión en la Educación, se promulgó el derecho de crear y conducir Instituciones Educativas Particulares por parte de cualquier persona natural o jurídica, así como de que éstas tengan finalidad de lucro. No se puede asegurar la causalidad de esta con los problemas de la educación superior peruana. No obstante, lo que es cierto es que entre el 2005 y 2012 la creación de universidades llegó a 56 nuevas institucinoes. Es decir, por cada año se crearon siete universidades, de las cuales seis de ellas fueron privadas. Existe ahí, supuestamente, evidencia de que algo está fallando. Se ha incrementado el número de universidades, de tal maneras que ahora hay instituto educativos superiores más cerca a más población. Ahora ha llegado el momento de preocuparse por velar mejor por la calidad.
artículo tomado de:
http://semanaeconomica.com/article/servicios/118786-a-proposito-de-la-proxima-modificacion-a-la-ley-universitaria/
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